lunes, 27 de abril de 2009

Ley de Transparencia

Ley de Trasparencia

Marcos Simunovic P.
Mercurio de Antofagasta
27 de Abril del 2009



Con motivo de reciente entrada en vigencia ley de trasparencia, la cual representa un significativo avance en la preservación de la probidad y eficiencia de la administración del Estado, me permito hacer público una vez mas mis preocupaciones por la lentitud con la que organismos del Estado han reaccionado frente a hechos controversiales de interés público.


El año 2006 y 2007 puse en conocimiento del SII antecedentes relativos a emisión e facturas falsas por parte de la Corporación Cultural de Antofagasta y a la recepción de donaciones sujetas a franquicias tributarias cuyos destinos no estaban acreditados en su contabilidad, en especial a las relativas a los años 2006 y 2007. A la fecha no se ha conocido de respuestas ni acciones penales iniciadas por el mencionado servicio ante la emisión de facturas falsas como tampoco la determinación de eventuales responsabilidades y cobros tributarios por donaciones utilizadas improcedente o fraudulentamente.

En querella presentada en enero del 2007 ante la Fiscalía e informada al Concejo de defensa del Estado respecto a varias trasferencias de dinero de la municipalidad a la Corporación Cultural cuyas rendiciones de cuenta fueron rechazadas por la contraloría municipal, la Fiscalía local no ha avanzado en esclarecer los hechos ni el Conejo de Defensa se ha hecho parte.

La contraloría Regional inicio un juicio de cuentas el 25 de Julio del 2008 respecto a los responsables de la adjudicación fuera de norma de un equipamiento informático de los consultorios de salud, lo cual significó un daño patrimonial al municipio de casi doscientos millones de pesos, sin embargo aún no se conocen resultados del procedimiento. Tampoco la Fiscalía ni el Concejo de Defensa han reaccionado ante estos hechos presentados en respectiva querella.

A su vez incita mi preocupación que ante querella presentada ante Fiscalía en el mes de junio del 2008 e informada al Concejo de Defensa, relativa a la entrega de un anticipo de ochenta y seis millones de pesos a un proveedor de nuevas butacas para el teatro municipal las cuales nunca se recibieron ni existe boleta de garantía vigente, estos organismos de justicia y defensa no hayan formalizado o querellado a responsables.

Sin duda que la tarea de la trasparencia y eficiencia es difícil, pero los organismos del Estado y los servidores públicos tenemos el deber de entregarle la máxima prioridad y con ello fortalecer nuestra democracia y Estado de Derecho.

lunes, 13 de abril de 2009

¿Estado de Derecho y Politica?

¿Estado de Derecho y Política?
Marcos Simunovic P.
Mercurio de Antofagasta
9 de Abril del 2009

Quienes hemos realizado una incansable lucha por darle a la vida política el mas alto rango por medio de reforzar y aplicar los principios y valores que están inmersos en nuestras leyes, con satisfacción hemos recibido el reciente el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordena al Servicio Electoral eliminar del padrón electoral de Sierra Gorda a 221 electores que se inscribieron para votar entregando información falsa respecto a su domicilio, A ello habrá que agregar las próximas impugnaciones a otras inscripciones fraudulentas para finalmente lograr una real democracia en la Comuna de Sierra Gorda.

Este logro de hoy, cuya importancia ya había sido resaltada en esta misma columna y en el editorial de este diario, se viene a sumar a los avances que se han logrado en otros terrenos tales como la gestión municipal de Antofagasta, en la cual se logró el año pasado que el Ministerio Público realizara una acusación por fraude al fisco en dicha Municipalidad marginando de sus funciones al entonces Alcalde y sometiendo a juicio a la secretaria ejecutiva de la Corporación Cultural Municipal.

Años antes, el propio camino legal fue una herramienta para hacerse cargo de la sentida reivindicación regional en cuanto a la carestía del agua potable, lo cual permitió que por primera vez en el país se decretara al menos una rebaja en las tarifas de agua para nuestra región.

No podemos dejar de recordar también como en los años noventa se logró que la región recibiera justicia al reconocerse que las patentes mineras debían ser de beneficio local al igual como, desde siempre, las regiones agrícolas recibían como beneficio directo las contribuciones de los predios agrícolas.

Cierto es también que otras numerosas denuncias o situaciones anómalas están en manos de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría Regional y la propia Fiscalia, quienes lento avanzan, pero avanzan.

Sin embargo, todo ello viene ha reforzar la idea que para lograr los objetivos de mayor justicia para la región y sus habitantes, debemos redoblar los esfuerzos para lograr formar equipos y potenciar liderazgos que se fundamenten en el conocimiento y en el compromiso permanente de defender los intereses de la comunidad basándose en nuestras leyes o en nuevas leyes debidamente fundamentadas.

Hay muchos temas más, como hoy en día el abuso de las farmacias, los cuestionables criterios de la aplicación del royalty minero y su distribución, etc., pero si bien el camino es largo y duro, reitero que hay que seguir luchando y aunando fuerzas para defendernos y lograr por medio del estado de derecho reivindicar nuestros múltiples y legítimos anhelos. Entre todos sí, se puede.

Abril, 2009